
Las continuas declaraciones públicas hechas por quienes niegan el Holocausto llevaron a Teresien da Silva a comentar en 1999, en nombre de la Casa de Ana Frank, que "para muchos extremistas de derechas [Ana] demuestra ser un obstáculo. Su testimonio de la persecución de los judíos y su muerte en un campo de concentración están bloqueando el camino para la rehabilitación del nacionalsocialismo".
En 1958 un grupo de manifestantes desafió a Simon Wiesenthal durante una representación del Diario de Ana Frank en Viena asegurando que Ana Frank nunca existió, y le pidieron que probase su existencia encontrando al hombre que la había arrestado. Empezó a buscar a Karl Silberbauer y lo encontró en 1963. Cuando fue entrevistado, Silberbauer admitió en seguida su papel, e identificó a Ana Frank en una fotografía como una de las personas que fueron arrestadas. Proporcionó una versión completa de acontecimientos y recordó haber vaciado en el suelo una maleta llena de papeles. Su declaración corroboró la versión de los hechos que había sido presentada anteriormente por testigos como Otto Frank.
En 1976 Otto Frank emprendió acciones contra Heinz Roth, de Fráncfort, que publicó folletos que indicaban que el Diario era una falsificación. El juez decidió que si publicaba nuevas afirmaciones en esa línea sería condenado a pagar una multa de 500.000 marcos alemanes y se enfrentaría a una sentencia de seis meses de cárcel. Dos casos fueron desestimados por los tribunales alemanes en 1978 y 1979 amparándose en el derecho a la libertad de expresión, en vista de que la queja no había sido llevada a cabo por ninguna "parte perjudicada". El tribunal declaró en cada caso que si se hacía una nueva petición desde una parte perjudicada, como Otto Frank, se podrían abrir diligencias por difamación.
La controversia llegó a su punto más alto en 1980 con el arresto y juicio de dos neonazis, Ernst Römer y Edgar Geiss, que fueron juzgados y encontrados culpables de la creación y distribución de impresos denunciando la falsedad del Diario, a lo que siguió una querella de Otto Frank. Durante la apelación, un equipo de historiadores examinó los documentos de acuerdo con Otto Frank, y determinaron su autenticidad.
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